El estudio presentado por la Fundación BBVA, la importante manifestación en Barcelona sobre el derecho a decidir en infraestructuras y las reiteradas declaraciones de diversos políticos, han puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de publicar, por parte del Ministerio de Hacienda de España, las balanzas fiscales sobre lo que aportan a las arcas del Estado cada Comunidad Autónoma y lo que posteriormente reciben en gastos generales, transferencias e inversiones.
Parece ser que éste ha sido un tema tabú durante toda la historia de la democracia española, pero desde luego, debe dejar de serlo.
Por una parte, es necesario llegar a un acuerdo sobre la metodología para el cálculo, cuestión nada fácil, y por otro, perderle el miedo a los resultados, pues es peor la no transparencia por parte del Estado y la interpretación unilateral por parte de personas interesadas, que la verdad, aunque sea cruda.
Entiendo que éste es un gran acto de valentía, que debería hacerse mediante consenso, pero en caso de no ser posible, aquellos que permanentemente lo solicitan a través de la calle y medios de comunicación, deberían influir con sus votos hasta que se tomara el acuerdo en las Cortes Generales. De no hacerlo así, incurren también en importantes responsabilidades.
